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Exoneran a Iovana Rocha de acusaciones en Guanajuato; pide pago de gastos por defensa

Fue en septiembre del 2017 que Castro Cerrillo como alcalde en funciones votó el dictamen donde se fincaban responsabilidades administrativas, civiles y penales

Luego de que el Juez de primera instancia declaró improcedente e infundado el proceso legal que el gobierno Priista de Edgar Castro Cerrillo inicio en 2017 en contra de la ex regidora de Guanajuato Capital Iovana Rocha por presunto desvío de recursos, la activista dará inicio a un proceso civil de remuneración para que la actual administración cubra los gastos y costos que le causo la representación legal que requirió por años para su defensa.

Autoridades jurisdiccionales del ámbito federal nos otorgan hace un mes la absolución completa de cualquier tipo de reclamo y no solamente eso, si no que condenan al municipio al pago de gastos y costos por todo aquello que yo haya debido invertir para mi defensa.

La denuncia habrá de presentarse el próximo viernes 6 de agosto, adicionalmente iniciará un proceso ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para exigir una disculpa pública a Castro Cerrillo e integrantes de su administración derivado de que los últimos seis años, fue objeto de una persecución política a través de distintas publicaciones en medios de comunicación.

A partir de esta resolución, he tomado la determinación de manera conjunta con mi abogado Víctor Hugo Rosales Espinoza que me acompañó estos 4 años, que vamos a emprender una serie de acciones para poder señalar la negligencia, omisión, corrupción y misoginia del entonces gobierno municipal encabezado por Edgar Castro Cerrillo.

Fue en septiembre del 2017 que Castro Cerrillo como alcalde en funciones votó el dictamen donde se fincaban responsabilidades administrativas, civiles y penales por 272 mil pesos contra Iovana Rocha, del periodo cuando fungió como directora de la Instancia de Atención a las Mujeres; Un proceso administrativo, un Juicio Civil y un Proceso penal ante la fiscalía general del Estado de Guanajuato, producto de los cuales le prohibieron ocupar cargos públicos por tres años, y se le impuso una multa económica por 150 mil pesos, adicional a la reparación del daño por los 272 mil pesos.

Desde 2017 hasta hace un mes dos de estos procedimientos legales (El proceso administrativo y Juicio Civil) se mantuvieron en litigio logrando ganar en ambas instancias al declararse infundados, en cuanto al proceso penal la Fiscalía del Estado no encontró indicios para configurar el ilícito, por lo que nunca se llamo a Rocha a declarar.